Oficialmente, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a través del cual el Estado asiste a las empresas con parte del pago de los salarios de sus empleados, continuaría solo hasta fin de año.

Por su parte el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como medida excepcional implementada por el gobierno nacional para proteger a las familias argentinas ante la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia sanitaria generada por el covid-19, también culminaría próximamente.

Así las cosas, y si bien el cooperativismo “fue” artífice del desarrollo rural y urbano, hoy, cuando parece irremontable la tremenda desproporción entre las angustias y necesidades del hambre y la desocupación con la escasez de recursos y políticas públicas apropiadas para satisfacer a una multitud pobre e indigente (concretamente, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina  de la Universidad Católica Argentina, la pobreza e indigencia serían del 51,4% si no existieran la Tarjeta Alimentar y el IFE), solamente con más cooperativas no alcanza.

Esto es así dado que concentrarse y buscar paliativos en el tercer sector como el cooperativismo resulta insuficiente. Si bien su labor es crucial, no siempre son capaces de asumir estructuralmente los actuales desajustes que afectan a los más excluidos y perpetúan, sin querer, las injusticias que pretenden revertir.

La aporía política argentina de los últimos 30 años es exactamente proporcional a los índices actuales de pobreza e indigencia.

Ciertamente, tanto el hambre como la desocupación no dependen tanto de la escasez material cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional; en materia cooperativa tanto por su antigua legislación de facto (Decr.-ley 20.337/73) cuanto por un Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con carencia de recursos suficientes para ejercer la fiscalización pública del cooperativismo nacional.

Alberto Fernández anunció minutos después de colocarse la banda presidencial: “La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán actores centrales de estas políticas públicas. Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de trabajo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas”.

Sobre esto último, resulta imperativo precisar el alcance y sentido de la cooperativa, anticipando que se trata de una organización “voluntaria y espontánea” de personas desocupadas con el propósito de desarrollar, autogestionariamente, obras de pequeña o mediana envergadura e interés comunitario (vg, la construcción, la producción de alimentos, el sector textil, el reciclado y la economía de cuidado), mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua; con neutralidad política y responsabilidad social.

Me refiero a personas asociadas conscientes de su derecho al poder en su cooperativa como de su determinación para ejercerlo, cooperativistas que tienen consciencia de sus deberes antes que de sus derechos, entendiendo que la autonomía, la independencia y la alternancia hacen a un corolario de la democracia cooperativa, política y sindical.

Igual, los principios cooperativos no pueden garantizar más que la autenticidad formal de una cooperativa. Su carácter realmente cooperativo dependerá, principalmente, de la presencia fecunda de miembros con espíritu cooperativo. Una cooperativa sin cooperativistas, es decir, sin mujeres y hombres que sientan la ética y equidad cooperativa traduciéndola en normas solidarias de conducta, será siempre frágil y, de tal manera, no podrá activar ni desempeñar en plenitud su rol económico solidario civil y social.

Finalmente, sin ATP ni IFE, en adelante INAES obviamente no autorizará cooperativas irregulares que no cuenten con capacitación, financiamiento ni verosímiles horizontes productivos.

* Experto Coneau /Cooperativismo

Fuente: RioNegro.com