“La subestimación de la inflación en los presupuestos pone de manifiesto el mal diseño de la política tributaria de la Argentina”, afirmó Luciano Villegas, economista de Fundación Libertad.

Tal como ocurre a nivel nacional, la provincia de Santa Fe transcurre el año 2022 sin presupuesto aprobado por la legislatura provincial. El proyecto presentado en septiembre de 2021 contempla una variación de precios del orden del 33% para el año en curso, muy por debajo del relevamiento de expectativas del mercado (REM) presentado por el Banco Central en donde los 10 mejores pronosticadores estimaron en promedio una inflación del 54,8% para 2022. Además, el proyecto estima una recuperación de la economía del 4% para el 2022, en línea con el presupuesto nacional, un punto porcentual por encima de las proyecciones que el Fondo Monetario Internacional y el REM tienen para la Argentina en este año.
Al respecto, el economista de Fundación Libertad, Luciano Villegas, realizó una serie de consideraciones que encienden algunas luces de alerta para Santa Fe:
La proyección optimista del proyecto presupuestario en cuanto a la variación del nivel de actividad, en caso de no cumplirse, puede tener repercusiones negativas sobre los recursos tributarios que la provincia tenga a su disposición. Tres impuestos vinculados con la producción y el consumo como el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos representan el 65% de los ingresos de la provincia. Una sobreestimación de la recuperación económica en un 33% puede tener un impacto sobre los ingresos fiscales menor en porcentaje pero significativo en recursos monetarios.
Además del Impuesto a las Ganancias y el IVA, otros impuestos nacionales coparticipables representan el 55% del total de los recursos de la provincia de Santa Fe. Es cierto que nuestra provincia está lejos de ser uno de los distritos que más depende de los recursos nacionales, como es el caso de Formosa, La Rioja o Catamarca con el 93, 91 y 90% respectivamente, pero el caso de Santa Fe no deja de ser un ejemplo más del perverso mecanismo de incentivos que genera el sistema tributario argentino. Provincias con alta dependencia de los recursos nacionales, sobre los cuales no tienen ningún incentivo de recaudación, que se gastan sin control sobre su destino. Los recursos los provee el estado nacional, los gasta el estado provincial.
La misma lógica parece que se aplica desde el gobierno provincial con los municipios y las comunas. A continuación analizamos este punto. Como mencionamos previamente, los recursos de las provincias en mayor o menor medida están concentrados en impuestos coparticipables, idéntica situación para los recursos de las intendencias o comunas. El diseño del sistema tributario aleja a los gobernadores, intendentes y presidentes de comuna del origen de los recursos fiscales pero también de las responsabilidades. Intendentes y presidentes comunales encuentran en este punto la excusa ideal para deslindar culpas por servicios u obras que no se prestan o se ofrecen de forma deficiente por escasez de fondos.
Como forma de compensar una posible sobreestimación de recursos fiscales como consecuencia de una previsión demasiado optimista de la recuperación económica en relación a la que prevén el FMI o el REM, el proyecto presupuestario provincial pronostica una inflación inferior en 22 puntos porcentuales a la prevista por las principales consultoras. La diferencia en la predicción es del 40%, un porcentaje de error cuanto menos llamativo. ¿Ese error de pronóstico es técnico o intencionado? Una inflación superior al 33% le permitirá a la provincia aumentar la recaudación de los recursos de origen provincial, casi el 45% del total de los ingresos provinciales, como por ejemplo, por Ingresos Brutos. Estos recursos monetarios “imprevistos”, al no estar contemplados dentro del presupuesto, se pueden gastar a discreción. Presidentes comunales e intendentes de signos políticos contrarios al del gobernador vienen cuestionando esta estrategia.
La subestimación de la inflación en los proyectos presupuestarios es otro ejemplo que pone de manifiesto el mal diseño de la política tributaria de la Argentina. Los diferentes niveles del Estado “erran” el cálculo de inflación para disponer a discreción de fondos. Aplican la política del garrote o la zanahoria gracias a recursos que no estaban previstos.

ANÁLISIS DE GASTOS
El proyecto de presupuesto provincial para el año 2022 estima un aumento de los gastos del 64% en relación al año 2021. Teniendo en cuenta que el REM pronostica una inflación del 54,8% para el año corriente, es muy probable que tengamos un aumento del gasto provincial en términos reales. Si el sector privado no crece en una mayor proporción que el sector público provincial, se dará una mayor participación del Estado provincial en la economía. El crecimiento del sector público será en detrimento del sector privado. Nada para festejar.
Del total de gastos, el 86% pertenece a erogaciones corrientes. Queda en claro que es bastante bajo el margen de maniobra que tiene el estado provincial para llevar adelante gastos de capital. Dentro de esta última partida, la Inversión Real Directa (IRD) representa el 80%, es decir, se estiman obras públicas por $92.831 millones. Para tener una noción de su relevancia necesitamos compararlo con la producción. El último dato disponible de Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe a precios corrientes es del año 2019, $1,8 billones. Suponiendo variaciones del mismo en 2020 y 2021 iguales a las que tuvo el Producto Bruto Interno (PBI) a nivel nacional, la IRD en Santa Fe es aproximadamente 5% del PBG. Si a la IRD le restamos la depreciación del capital, cálculo bastante complejo, obtendríamos la Inversión Neta, es decir la inversión que permite aumentar la capacidad productiva de la provincia. Más allá de la complejidad del cálculo se puede deducir por lógica que la Inversión Neta en la provincia de Santa Fe es, en el mejor de los casos, nula.
Dentro de los gastos corrientes, una partida relevante son las remuneraciones, que representan el 31% del total y contemplan un aumento del 53% en relación al Presupuesto del 2021. Bastante llamativo es este porcentaje teniendo en cuenta la inflación prevista en el proyecto presupuestario del 33%. Tres alternativas aparecen en el horizonte: a) aumento de sueldos en términos reales; b) incorporación de más empleados a la órbita provincial o c) una combinación de las dos primeras alternativas.
Así, en pos de fortalecer la institucionalidad de la provincia de Santa Fe, es imperioso que el proyecto presupuestario tenga supuestos de inflación y crecimiento económico realistas que permitan obtener el mayor nivel de certidumbre sobre el destino de los fondos y el menor nivel posible de discrecionalidad en el destino de los mismos.

Fuente: La Opinion