Por Nicolás Bordón. La inminente Reforma Laboral que el Gobierno Nacional planea presentar en los próximos meses, reabrió un viejo dilema: cómo adaptar la normativa a las nuevas formas de empleo que emergen no sólo en Argentina, sino en todo el mundo.

Mientras gran parte del sector empresarial local y regional entienden este proceso como una oportunidad para modernizar el sistema, desde el sindicalismo advierten sobre los riesgos de una flexibilización que desdibuje el equilibrio entre productividad y derechos laborales.

En esa tensión, la voz del Estado Provincial busca ubicarse en el centro del debate. Roald Báscolo, ministro de Trabajo de Santa Fe, lo resume con claridad: «Tenemos una informalidad estructural del 40% en el país, y en algunas provincias supera el 50%. Si no atacamos eso, ninguna Reforma será completa». A este panorama, el funcionario agrega otros elementos que profundizan el problema: el estancamiento de la creación de empleo privado, la debilidad de los incentivos para las PyME’s y una década de dificultades acumuladas que explican la magnitud del desafío.

Desde la perspectiva industrial, Mauricio Rizzotto, presidente de la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, coincide en que la legislación tiene muchos años y debe aggiornarse, pero advierte que la Reforma debe incluir a la justicia laboral y al sistema impositivo.»Hay que reducir la judicialización y las cargas sobre los salarios. No se trata sólo de flexibilizar las normas, sino de que el 100% que paga una empresa se refleje más en el bolsillo del trabajador y menos en el Estado», plantea.

Al mismo tiempo, este análisis encuentra su contrapeso en la mirada sindical. Para el abogado laboralista y secretario general del PJ del Departamento Castellanos, Andrés Brarda, la propuesta oficial «pretende restringir derechos y llevar la negociación colectiva al plano individual», un cambio que (según advierte) «favorecería a las grandes empresas y debilitaría al trabajador, que es la parte más frágil de la relación laboral». Según Brarda, el antecedente más reciente ocurrió en Brasil, donde la eliminación de la cuota solidaria derivó en la disolución del 80% de los sindicatos. «Si el sindicato se debilita financieramente, también se debilita su poder de negociación», afirma.

Entre la carga fiscal y la búsqueda de competitividad

Aunque los tres actores reconocen la necesidad de modernizar el Sistema Laboral, la discusión se desplaza rápidamente hacia la estructura impositiva y las condiciones para generar empleo.

«Argentina es uno de los países con mayor peso impositivo sobre la producción en el mundo», enfatiza Rizzotto, quien reclama «una verdadera Reforma Tributaria que alivie a quienes producen y generen trabajo». En sintonía, Báscolo subraya que el foco debe estar en las pequeñas y medianas empresas, responsables del 75% del empleo registrado en Santa Fe. «Las PyME’s son el entramado productivo principal y hoy están fuera de los beneficios que reciben las grandes inversiones enmarcadas en el RIGI», explica.

Actualmente, la Provincia de Santa Fe sólo cuenta con un Proyecto adecuado al RIGI, el cual consiste en la construcción de un Puerto Multipróposito en Timbúes sobre el río Paraná, al norte del Gran Rosario. Si bien el proyecto supone una inversión de USD 277 millones de dólares y estima emplear unas 300 personas, el régimen de aplicación no alcanza a involucrar a las pequeñas y medianas empresas provinciales de sectores como la industria, la construcción y el comercio. Todas ellas, claves para el desarrollo productivo de la provincia.

En el mismo sentido, el ministro detalla que en los últimos dos años la Provincia perdió cerca del 2% de los empleos privados, afectando sobre todo a la construcción y la industria. Mientras que sectores como el gas, el petróleo y la minería (radicados en otras provincias) captan la mayoría de los incentivos nacionales, Báscolo remarca la importancia de promover el acceso al crédito. «Necesitamos una reforma que promueva inversión y crédito accesible, con tasas por debajo del 25% anual. Sin financiamiento, no hay empleo», sostiene.

En este contexto, Brarda agrega que: «la verdadera modernización debe ampliar derechos, no restringirlos». Su posición, introduce una arista ideológica en el debate: mientras para el empresariado flexibilizar implica ganar dinamismo, para el sindicalismo puede implicar retroceso.

Como señaló el sociólogo Pierre Bourdieu en «Contrafuegos» (1998), «las reformas laborales implican una nueva redistribución del poder dentro del campo económico».

Y allí radica la pregunta central: ¿Qué tipo de país se está buscando construir? ¿Qué lugar queremos ocupar en el tablero de producción mundial?

Un diálogo necesario, un equilibrio pendiente

La Reforma Laboral se presenta como una oportunidad histórica para ordenar un sistema desfasado. Sin embargo, su resultado dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes. «Hay que encontrar los espacios de diálogo para poder salir adelante porque cuando hay trabajo, hay paz en las familias», dice Rizzotto.

En la misma dirección, Báscolo coincide cuando sostiene que: «No alcanza con una Ley laboral; hacen falta políticas de inversión, educación y crédito que acompañen».

En ese sentido, Brarda cierra el contrapunto, «Queremos que al empresario le vaya bien, pero también que el trabajador tenga derechos garantizados».

En definitiva, lo que está en juego no es sólo una Reforma, sino el contrato social del trabajo argentino. Como diría Robert Castel en «La metamorfosis de la cuestión social» (1997), el empleo no es sólo un medio de subsistencia, sino un vínculo que estructura la vida social. Si esa red se tensa demasiado, el desafío estará en modernizar sin deshumanizar, producir sin desproteger, y crecer sin excluir.

Fuente: Castellanos