La cuestión tarifaria no pasó desapercibida en la reunión que los empresarios locales mantuvieron con la ministra de producción de la Provincia, Alicia Ciciliani. Durante el encuentro, aprovecharon para expresar una serie de pedidos que permitirían mitigar los fuertes incrementos que vienen golpeando al sector en los últimos tiempos.
En primer término, el presidente de la entidad Andrés Ferrero, marcó el fuerte impacto impositivo y de los componentes adicionales incluidos en la factura. Los emprendedores y las pequeñas empresas que desarrollan su actividad como monotributistas, pagan un componente de IVA muy alto que no compensan (como si lo hacen los responsables inscriptos) y no se perciben gestiones ante el Gobierno Nacional para cambiar estos parámetros. Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de adecuar o eliminar el impacto que los tributos como ingresos brutos y los costos vinculados a las leyes 6604 y 7797 que también están incluidos en la factura de la EPE.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) Mauricio Rizzotto, expuso otros puntos, en línea con las recientes propuestas de la UIA sobre la materia.
Se pidió dar mayor flexibilidad para re-pactar la contratación de potencia. Actualmente, las empresas obligan a contratar potencia por 12 meses fijos y si el cliente consume por encima, automáticamente el contrato se fija en ese consumo . Por otro lado, si consume menos, igual se cobra el total contratado. Es necesario generar contratos más flexibles que puedan adaptarse tanto a la estacionalidad de las producciones como así también a las épocas de merma de producción por caída del consumo.
Además, crear un régimen especial empresas electro-intensivas. En el 2018 desde la Secretaría de Industria de la Provincia, se dijo que estaba estudiando un subsidio al costo energético complementario al que existía a nivel nacional para las empresas electro-intensivas. Una cuestión muy importante ya que el impacto que tiene el costo de la energía en estas empresas, repercute fuertemente en su estructura de costos. También se habló sobre la posibilidad de aplicar el descuento de parque industriales al resto de las industrias, al menos por 12 meses.
Se indicó la necesidad de garantizar una reducción de al menos un 10% sobre la tarifa básica para aquellos comerciantes que se encuentren al día con el pago del impuesto a los Ingresos Brutos (y que su aplicación sea automática para evitar demoras burocráticas, resultado lógico del cruce de información que podría existir entre API y EPE, reparticiones públicas del mismo nivel de gobierno).
Se conversó sobre la probabilidad de generar un programa de financiamiento de proyectos de eficiencia energética, ya que no solo pueden ahorrar energía siendo eficientes las grandes empresas sino también las Pymes y pequeños comerciantes. En este sentido, se planteó que es necesario contar con líneas de financiamiento flexibles y a tasas competitivas para afrontar proyectos de reducción de consumo energético, como así también, reflotar la iniciativa presentada en julio de 2016 a Verónica Geese, secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, a través de la cual se proponía que usuarios industriales, comerciales y de la construcción puedan descontar parte de su factura de energía eléctrica con inversiones tecnológicas destinadas a mejorar la eficiencia energética de sus procesos y/o para la generación de energía con fuentes renovables. En ese momento, se había sugerido que una alternativa sería que los usuarios interesados gestionen ante la Secretaría de Energía un certificado de crédito fiscal proporcional a las inversiones realizadas que les permita el pago parcial de las facturas de EPE.
Por último, y como cierre del debate se propuso restablecer una línea de apoyo para diagnóstico, a través de la Agencia local, pero enfocados en esta ocasión para proyectos asociativos de Pequeñas y Medianas empresas Comerciales e Industriales.

Fuente: La Opinion