El Concejo declaró a Rafaela en emergencia en seguridad pública
Con fuertes críticas a los ministros Pullaro y Farías pero también con planteos al propio gobernador Lifschitz, el Concejo aprobó el proyecto de ordenanza que declara a Rafaela en emergencia en materia de seguridad pública, tal como había pedido el intendente Castellano el fin de semana.
El Concejo Municipal aprobó con el voto unánime de todos sus integrantes presentes la ordenanza que declara a Rafaela en emergencia en materia de seguridad pública. Fue durante una sesión extraordinaria realizada ayer por la mañana en la que no faltaron los cruces a pesar del esfuerzo del presidente de cuerpo legislativo, Raúl Lalo Bonino, interesado en mantener cierta armonía política para darle mayor contundencia a los pronunciamientos del día. La consigna inicial era reflejar unidad de los concejales de los distintos bloques ante la problemática de la inseguridad y un supuesto dejar de hacer del Gobierno provincial.
Además, los concejales aprobaron un proyecto de resolución firmado por todos en el que piden al gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, «que explique el Plan de Seguridad para la Ciudad de Rafaela, incluyendo incorporación de personal, inversión en móviles, infraestructura y tecnología, y estrategias para abordar el delito en el territorio». Y pese a los matices, aceptaron suavizar el texto en el que solicitaba al jefe del Estado provincial «que tome la decisión de remover a todos los responsables políticos del Ministerio de Seguridad y a la cúpula policial de la Unidad Regional V». Optaron, ante la defensa -tibia, pero defensa al fin- del jefe de Policía, Fabián Forni, de quitar la palabra «remoción».
En este marco, no sorprendieron las fuertes críticas al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y llamaron la atención los dardos contra el titular de la cartera de Gobierno, Pablo Farías, quien ya no genera confianza ante las autoridades locales. «Vende humo» y «chamuyero» fueron algunos de los adjetivos que surgieron para el ministro político del gobernador Lifschitz durante la extraordinaria que tuvo como único ausente a Hugo Menossi.
En primer término, se trató el proyecto que declara la emergencia en materia de seguridad durante un año y que se puede prorrogar por idéntico período.
La iniciativa aprobada autoriza al Ejecutivo «a contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad, mientras dure la emergencia declarada». Así se reducen plazos administrativos al no ser necesario llamar a licitaciones públicas. De todos modos, el Ejecutivo deberá contar «con por lo menos dos cotizaciones, a fin de permitir la comparación y selección de las ofertas que resulten más convenientes a los intereses municipales».
La ordenanza plantea que las contrataciones no serán «cerradas», sino que se publicarán los días y horas de las aperturas de los sobres, para una mayor cantidad de ofertas económicas. Asimismo, faculta al DEM «a efectuar las adecuaciones de partidas presupuestarias necesarias a los efectos de aumentar, profundizar, articular e implementar las tareas de prevención y acciones positivas necesarias para optimizar las condiciones de seguridad de la ciudad». Otro punto es que el Ejecutivo podrá suscribir convenios con la Provincia o con la Nación y con Gendarmería para «optimizar las tareas de prevención».
La declaración tiene como contexto lo sucedido la semana pasada cuando, entre el miércoles y el viernes, se registraron tres robos en viviendas rafaelinas donde los delincuentes se mostraron particularmente violentos con los residentes de esos domicilios. Por eso en los fundamentos de la ordenanza, se marca que «en los últimos meses se han replicado hechos delictivos en nuestra ciudad de inusitada gravedad que ponen en jaque la propiedad privada, la vida y la integridad física de los habitantes de la ciudad de Rafaela» y que «las situaciones de violencia e inseguridad evidencian una falta de eficacia de las políticas públicas preventivas, implementadas por las autoridades provinciales».
Fue el radical Leonardo Viotti el primero que pidió la palabra para pasar la primera factura del día a, precisamente, el oficialismo de la ciudad por haberlo cuestionado hace diez meses cuando presentó un proyecto que declaraba la emergencia por la falta de seguridad. En este caso apuntó en tono crítico al jefe de Gabinete, Marcos Corach, y al ¿ex? asesor gratuito en seguridad, el ex gendarme José Caruso.
Y más allá de estas coincidencias entre el Ejecutivo y el Concejo, Viotti recordó que los móviles de la GUR y las cámaras del Centro de Monitoreo no están bien. «Hay poca inversión en cámaras» deslizó para luego poner en duda la eficacia de la política social del Estado local.
Más adelante cuestionó al Gobierno provincial al señalar que «Rafaela se ha convertido en una pequeña Rosario o pequeña Buenos Aires» por los altos niveles de inseguridad. «Queremos una ciudad segura», exigió en el final.
Por su parte, Jorge Muriel (PJ) calificó los tres robos de la semana pasada como un «mensaje mafioso» aunque evitó entrar en detalles a la vez que planteó que «nos cansamos de este gobierno mentiroso» y puso en duda la veracidad de las estadísticas del Ministerio de Seguridad. Y fue el primero en criticar elípticamente al coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel por «no dar la cara ante la problemática». Más tarde, Viotti también fue con los tapones de punta hacia el titular del Nodo al sostener que «no ha dado la cara ante los problemas de estos días no aparece, solo sale en las fotos lindas».
No hubo mucho más antes de la votación por unanimidad de la declaración de emergencia en seguridad pública. Los cortocircuitos mayores se registraron después con la segunda iniciativa en la que se exige a la Provincia que explique el plan de seguridad.
Lisandro Mársico, el único concejal ligado al Gobierno provincial, aprobó los dos proyectos marcando distancias, incluso con los socios locales del Frente Progresista más allá de que deberá compartir la campaña electoral este año.
Fuente: La Opinion