En realidad es un proyecto cuyo tratamiento aún no vislumbra un resultado concreto en las cámaras legislativas.

Bajo el rótulo de Ley de Estado de Necesidad, el gobierno provincial pretende darle una pátina semántica a la controvertida Ley de Emergencia que fuera rechazada “in limine” el 30 de diciembre pasado por el FPCyS y otros bloques de la Cámara de Diputados.
Según pudo saber LA OPINION, en realidad el lunes 3 de febrero ingresará a la Legislatura -presumiblemente a través del Senado- un texto que vuelve a condensar en un solo proyecto las anteriores leyes de emergencia, seguridad y sanitaria o social, y que apunta básicamente a la modificación – o parches – del presupuesto que se había armado sobre fines del año pasado.
La Ley de Estado de Necesidad, esencialmente reasigna partidas presupuestarias ya contempladas en el Presupuesto 2020, como por ejemplo 2.500 millones de pesos para la emergencia social, lo mismo para las cuestiones sanitarias; herramientas para la movilidad y encuadramiento policial para seguridad, y la posibilidad de solicitar endeudamiento, entre otros considerandos.
Asimismo, la nueva Ley prevé la creación de un Fondo de Asistencia a Municipios con algunas facilidades como por ejemplo, que los anticipos de coparticipación no se descuenten en el mismo año, sino que tengan 24 meses de financiación con un plazo de gracia de 6 meses para la devolución.
Además de la reasignación de partidas para atender las cuestiones antes mencionadas, otro punto neurálgico de la nueva ley -mediante esa reasignación de partidas- es poder recuperar el FUCO (Fondo de Cuentas Unificadas) que la anterior administración provincial dejó desfinanciado.
La fuente consignó que el presupuesto votado por ambas Cámaras en menos de 72 horas en las postrimerías del 2019, luego de algunas modificaciones acordadas entre la anterior Legislatura y el gobierno entrante de Omar Perotti, tiene la particularidad de que algunas partidas se reducen a cero, por ejemplo para aumentar montos de la Tarjeta Ciudadana; o una cuenta del Ministerio de Seguridad que repartía fondos entre municipios con la recaudado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que el año pasado fue de 170 millones de pesos y este año será de 6 millones de pesos. El transporte público tiene menos presupuesto este año que en 2019, aseguran desde la Casa Gris.

Fuente: La Opinion