19 Jul 2022

Casta legislativa argentina, ¿Hasta cuánto? ¡Basta ya!

Por Roberto F. Bertossi*

Los escandalosos e insensibles incrementos automáticos (del ¡70%!) en los ingresos de una holgazana y corrupta casta legislativa, confiesan abierta e indolentemente, el desprecio institucional por el bien común y los sacrificios compartidos.
Siempre de “campaña”, con lujosas e incomparables condiciones sibaritas de tarea legislativa, con decenas de empleados y asesores por cada legislador, choferes, vuelos y viáticos estrambóticos; los supuestos “representantes del pueblo” prescinden implacablemente del lubricante humano, humanitario y compasivamente solidario que debiera caracterizarlos e identificarlos; dado que el fin y el límite de su cometido -como poder decisivo de la república- para el que fueron constitucional y democráticamente elegidos, no es otro que el “Bien Común”.
El jueves pasado, a través de un comunicado, las autoridades de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación informaron que habían llegado a un acuerdo para formalizar una recomposición salarial para el personal legislativo en dos tramos: 30% a partir del primero de julio y otro 30% desde el primero de octubre. Como se trata de incrementos acumulativos, el porcentaje final de la mejora salarial para los trabajadores es del 69 por ciento, que podrá extenderse a los legisladores en caso de que formalicen por escrito el pedido.
Claramente, no viven como el pueblo al que cabalmente deberían representar, no ganan como ese pueblo, no tienen “las vacaciones del pueblo” ni nunca jamás los veremos haciendo cola por una vacuna/Covid, por un trámite administrativo, por la obtención de un crédito “Procrear”, por un pasaporte, por un pasaje, por una pensión/jubilación ni por nada de nada… por eso ¡Son “la” Casta”!, definitiva e irrefutablemente; la misma que engendra emergentes pintorescos u outsider, que súbitamente lucen en lo más alto de las estadísticas electorales preliminares, aún como competidores desconocidos pero con posibilidades demasiado amenazadoramente extravagantes.
Trazabilidades patrimoniales inexplicables de legisladores en general como el empobrecimiento igualmente inexplicable del pueblo argentino, explican no solamente tanta desigualdad, sino el mayor riesgo institucional de que cualquier emergente –como anticipamos- se convierta en líder totalitario aupado por fanatismos, opas o colaboracionistas.
¿Cómo no defender nuestros derechos y valores sin envalentonar a sus verdugos de la casta legislativa vernácula?
Basta con contrastar comportamientos legislativos e índices oficiales en “todos” los rubros sensibles para cada argentino, durante el periodo temporal entre el gobierno de don Arturo H. Illia hasta la fecha.
Como pueblo ya nos urge recrear y regenerar una noble y cabal cultura legislativa ante el hartazgo de voces, palabras y figuras que respiran inadvertidamente su fractura esencial, su origen y enriquecimiento sospechados como el ocaso de su casta.
Ante la recurrente inactividad legislativa, esto es, de espaldas a la realidad del hambre, la inflación, la indignidad jubilatoria como de los crueles destratos y maltratos a nuestros maestros y médicos rurales y urbanos, -ninguneando la pobreza e indigencia y sin respuestas en general-; el pueblo nada debe esperar de estos usurpadores u okupas legislativos, ”ilustres” protagonistas de escándalos de corrupción, privilegios e impunidad pero atornillados y enriquecidos a partir del año 1983; siempre ajenos a todo control, a toda ética, a todo compromiso y responsabilidad social.
Resistir democrática y legítimamente -sin más tutelajes ni curadores políticos ineptos e incompetentes-, configurará un decisivo desafío ético y cívico para encontrar -paulatina y progresivamente- lo que como pueblo nos falta de dignidad en alternativas legislativas razonables, idóneas, aplicadas y honestas que asuman cabalmente su responsabilidad con la cosa pública, liberándonos de esta pandemia de inmoralidad, desconfianza y descomposición social.

(*) Experto en cooperativismo de la Coneau. Docente universitario.

Fuente: La Opinion