El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región publicó un documento en el que lamentó la falta de adhesión provincial a la Ley de ART. Lo atribuye a la falta de acuerdos políticos en el contexto del calendario preelectoral.

Con el título «la falta de trabajo y acuerdos políticos en épocas de campaña», el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región publicó un duro documento en el que cuestionó las demoras de la provincia en implementar la adhesión santafesina a la Ley Nacional 27.348, cuyo debate quedó postergado en el Senado. Mientras eso sucede, manifestó el CCIRR, «el sector empresario debe soportar los sobre-costos millonarios que implica la ‘no adhesión’, que ya se dio en la mayoría de las provincias».
La central empresaria recordó que «hace ya 2 años que el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, convirtiendo a las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -SRT- en la instancia administrativa previa, excluyente y obligatoria a la cual deben acudir los trabajadores en caso de sufrir un accidente laboral o enfermedad profesional».
En ese marco, también señaló que «desde su puesta en marcha en las provincias que han adherido, hubo una rebaja sustancial en el monto que pagan los empleadores a las aseguradoras en concepto de alícuota (en 2018, el ahorro para las empresas fue de casi 25 mil millones de pesos). Además, la implementación del servicio de homologación que define la norma en cuestión, se dio una reducción en los índices de litigiosidad, ya que permitió arribar a acuerdos en la mayoría de lo casos (en Córdoba, por ejemplo, hubo acuerdo en más del 80% de los casos) con un promedio de resolución de 30 días (si no existe acuerdo legal entre las partes acerca del daño dictaminado y su correspondiente indemnización el trabajador cuenta con la instancia de apelación ante la comisión médica central)».
En el documento, el CCIR agregó que «una cuestión no menor que también abarcaría la adhesión pendiente, es que se desacoplarían los honorarios de los peritos del monto de la sentencia, factor que genera una importante distorsión en los costos, ya que la ley exige que los mismos tengan un valor independiente del resultado pericial o del juicio (más allá de que parezca irracional, es lo que sucede actualmente). También se incluiría el BAREMO (tabla de evaluación de incapacidades que determina los porcentajes derivados de un accidente de trabajo o enfermedad profesional), para que sea tomado como referencia tanto por las Comisiones Médicas como por la Justicia».
Lamentablemente, el caso de la provincia de Santa Fe es muy sensible para el sistema de riesgos del trabajo. En el tercer trimestre de 2018, la litigiosidad creció 14,4%, mientras que el costo de las alícuotas se ubicó en el 3,84% del total de la masa salarial, muy por encima del promedio a nivel nacional: 2,83%, a noviembre de 2018. «De las cinco provincias con mayor actividad económica del país, Santa Fe es la que tiene los costos más elevados en términos de seguros de riesgos del trabajo», advirtió el CCIRR.
Según los datos presentados por la SRT, a junio de 2018, la provincia de Santa Fe tiene la mayor cantidad de juicios cada 10.000 trabajadores (en junio 2018, el índice daba 92, frente a los 53 de Capital Federal o los 27 de provincia de Bs As) y ha crecido casi tres veces entre 2010 y 2016 . Esta performance no se condice con ninguna estadística de base, sea crecimiento poblacional ni de masa de trabajadores.
«Tras una larga demora, a fines del año pasado, el Gobernador Ing. Miguel Lifschitz envió a la legislatura su propio proyecto de ley para la adhesión. Luego de diversas conversaciones que los senadores mantuvieron con todos los actores productivos de la provincia, aún no se ha definido el apoyo o no a la iniciativa que presentó el Ejecutivo, aunque en los encuentros los legisladores manifiestan su conformidad», subrayó el CCIR.
En la sesión extraordinaria Nº 4 que se realizó el último jueves, la Cámara alta sólo acordó aprobar una preferencia para dentro de dos sesiones, para tratar el proyecto de ley de adhesión (eventualmente, ya que esta «acordada» no implica ningún comprimo u obligación para los legisladores). Si bien hay sectores que han manifestado su rechazo a ésta iniciativa, los beneficios que trajo aparejado en las provincias dónde está en marcha son una realidad indiscutible, finalizó sosteniendo el documento empresario.

Fuente: Castellanos