El Presidente de la gremial local lo planteó como uno de los ejes centrales a trabajar y gestionar durante 2019, en coincidencia con lo que reclaman entidades pares y superiores. Qué piden y cuáles son sus argumentos. La mirada de la Provincia, en una entrevista con el titular de la cartera medioambiental.

(Ezequiel Barberis). Sobre fines de diciembre pasado el gobernador Miguel Lifschitz trajo consigo a la sede del Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad no solamente anuncios sino también a buena parte de su Gabinete, en lo que fue una de las actividades con mayor peso institucional de las organizadas por el Estado provincial en el último tiempo.
Pero si bien el evento dejó títulos importantes, no es menos cierto que los funcionarios también se llevaron algunas tareas «para la casa», merced a los pedidos efectuados desde la gremial empresaria anfitriona. Muchos de ellos en el discurso de su presidente, Andrés Ferrero, quien aprovechó la ocasión para enumerar algunos ejes de gestión y trabajo que la entidad priorizará durante este año.
Uno de ellos es elevar la voz para, junto a otras instituciones pares y superiores, tratar de lograr un objetivo cuyo cumplimiento viene postergándose desde hace tiempo: la suspensión del Seguro Ambiental Obligatorio.
«Se ha abierto alguna puerta en Nación, dado que la legislación menciona en su Artículo 2 diferentes aspectos tendientes a asegurar este tema, y solamente se ha reglamentado uno, que es la caución. Creo que son momentos complejos y debemos analizar cómo escuchar al sector empresario en esta cuestión», dijo Ferrero en un fragmento de su alocución.
Esa «puerta» mencionada por el dirigente refiere a que hace pocos días el Ministerio de Producción nacional solicitó a algunas gremiales empresarias un resumen concreto sobre los puntos que se consideran más importantes dentro del reclamo.

¿De qué se trata?

Haciendo un poco de memoria, en 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente Nº 25675. Esta legislación establece en su Artículo 22 que: «Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación». Es decir que la Ley se refiere a un seguro y no a una póliza de caución, que es la única herramienta reglamentada y disponible, hoy por hoy, en el mercado.
En años posteriores a la sanción de la Ley, la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), reglamentó el artículo 22 de la ley mediante una serie de resoluciones y luego se publicaron el Decreto 1638/12 y la Resolución Nº 37.160/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que modificaron el régimen creando la figura del seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva, con transferencia de riesgo.
De acuerdo a lo que analizan las instituciones que representan a los empresarios industriales, la póliza de caución tal como se encuentra establecido en la normativa vigente, no obra de incentivo para la prevención de daño ambiental y representa un costo significativo para las industrias sin brindarle ningún tipo de contraprestación, ya que en caso de tener un incidente ambiental, de todos modos deberán responder por los daños ocasionados. La caución como tal, es solo una «garantía con costo» que emiten las aseguradoras habilitadas. Pero el riesgo sigue en la responsabilidad única de las empresas.
En los años que lleva vigente la obligatoriedad de contratar este seguro en nuestro país, solamente se ha reclamado su ejecución en el caso de la minera Barrick Gold, San Juan y dos casos más de operadores de residuos peligrosos (Soluciones Ambientales S.A, Entre Ríos y Bravo Energy, Santa Fe). Esto demuestra que deberían ser revisados los criterios que obligan a su contratación, a la luz de que se ha incurrido en un gasto extraordinario para el sector industrial.
El párrafo anterior, introduce a la realidad de la industria PYME y el riesgo ambiental. No se encuentra en el mercado asegurador vigente una herramienta financiera acorde a su capacidad económica y que responda al riesgo real que implica su actividad. Es necesario revisar el alcance de las actividades consideradas riesgosas para el ambiente, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 25.675, modificando la fórmula polinómica y el nivel de complejidad ambiental (por encima de los 14,5 puntos), establecidos en la Resolución Nº 177/07 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y sus modificatorias.
«Sería más justo y alineado al espíritu de la ley, instrumentar nuevas alternativas razonables, transparentes y acordes a los riesgos que puedan presentar las distintas actividades industriales y de servicios, como por ejemplo: fideicomisos, seguros con trasferencia de riesgos, fondos privados, autoseguros, alternativas asociativas, etc», aseguran desde las gremiales empresarias, que insisten en su solicitud de que sea suspendida la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio, proponiendo el trabajo conjunto en la instrumentación de propuestas alternativas en el marco de la Ley General del Ambiente.

¿Qué opina la Provincia?

Si había una asistencia en el evento del 20 de diciembre pasado que era prudente para opinar respecto de esta temática, era la del ministro de Medio Ambiente de la Provincia, Jacinto Speranza, quien en una charla exclusiva con CASTELLANOS analizó la situación.
«Por supuesto que entendemos el planteo. Lo que manifestó el presidente del Centro Comercial e Industrial es algo que veníamos hablando», dijo Speranza inicialmente.
«En su momento el Seguro Ambiental estaba concentrado en una o dos prestadoras de servicios de seguros, lo que a nuestro criterio pasaba a ser más un negocio económico de algunos y no un verdadero resguardo de la cuestión ambiental en la Provincia. Lo que hemos logrado en este tiempo es que alrededor de nueve empresas están trabajando con el Seguro Ambiental, y por supuesto: nosotros con las empresas somos lo suficientemente atentos como para evaluar cualquier otra alternativa que puede aparecer», destacó a continuación.
El funcionario citó un ejemplo «que repetimos siempre y de una manera muy sencilla» para graficar la opinión que tiene el Gobierno santafesino al respecto: «esto equivale a salir con tu auto a la calle sin el seguro contra terceros».
«Si hay un accidente o un problema, puede que pierdas el auto, la casa, la familia. Nosotros al Seguro Ambiental le damos esa tónica: por lo menos, tener previsto una cobertura mínima para que en caso de daños ambientales se puedan cubrir», explicó.
De todas formas, admitió que entienden que «hay empresas grandes que tienen el suficiente respaldo como para responder por sí mismas sin la necesidad del seguro. Pero esas empresas, casualmente, no son las que tienen problemas al contratar el seguro que la legislación le solicita».
«Así que, por lo tanto, estamos mirando atentamente el tema por indicación del señor Gobernador, y estamos trabajando con los nucleamientos empresarios regionales, más allá de que FISFE está interesada en la temática, y tenemos ámbitos de trabajo y de acuerdo sin descuidar el tema del medio ambiente», cerró el Ministro medioambiental.

Fuente: Castellanos