En términos generales, los industriales presentes manifestaron estar operando de forma parcial (excepto algunas de las alimenticias -la minoría- que están trabajando con capacidad plena), con dificultades logísticas y operativas y sobrecostos propios de la re-organización de turnos e inversiones en insumos y elementos de prevención para cumplir con los protocolos correspondientes. Vale decir que según el último relevamiento de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), el nivel de actividad en la industria manufacturera santafesina enfrentó en marzo de 2020 una inédita caída de -17% en relación al mismo mes del año anterior, a raíz del cese de los procesos producción, tras la declaración de la emergencia sanitaria.

Por otro lado, se puso de manifiesto que en la mayoría de los casos pudieron acceder a los beneficios del programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), aunque también se informaron que muchos colaboradores aún no han recibido la asignación complementaria de ANSES. Al respecto, desde la entidad se informó que la FISFE elevó el reclamo a las autoridades nacionales por intermedio de la Unión Industrial Argentina (UIA) y, según se pudo consultar con AFIP, se trata de problemas técnicos sobre los cuales ya están trabajando.

En relación al programa ATP, los presentes concluyeron que sería importante que se renueve, de manera tal de que las empresas cuenten con un apoyo para pagar los sueldos de mayo, ya que en junio también debe hacerse frente a la primera cuota del sueldo anual complementario.

En otro orden, generó expectativas la noticia sobre la posibilidad de que EPE Santa Fe permitiría que las industrias calificadas como grandes usuarios y que hayan trabajando en forma parcial (o nula) durante el ASPO, paguen sólo por la energía consumida y no los cargos fijos por la potencia contratada. Según se informó, la idea es que EPE replique el mecanismo que CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) estableció con los Grandes Usuarios Agentes del «Mercado Eléctrico Mayorista», a quienes notificó que no se considerará la declaración de requerimiento máximo realizada por los Agentes, utilizándose solamente los valores efectivamente consumidos.

En cuanto al financiamiento, los presentes apoyaron los pedidos de la UIA al BCRA respecto a la necesidad de «brindar mayor liquidez, automaticidad y acceso a los instrumentos financieros para afrontar el actual contexto», de manera de facilitar el acceso a capital de trabajo para dinamizar el entramado productivo. En estrecha vinculación con este tema, se planteó la importancia de que el gobierno agilice la implementación de un sistema efectivo que permita aplicar créditos fiscales existentes al pago de todos los impuestos nacionales y acelerar la devolución de los saldos a favor (tal como lo viene solicitando la UIA, se debería incluir saldo técnico de IVA, reintegros, regímenes especiales, impuesto a los débitos y créditos, entre otros e incorporar la totalidad de los impuestos nacionales, incluyendo aduaneros o seguridad social).

También de analizó los alcances del decreto municipal 50.542 publicado recientemente, través del cual se aprueba un nuevo protocolo para el control en el ingreso y egreso de personas y vehículos a la ciudad de Rafaela, desde o hacia zonas de transmisión comunitaria o por conglomerado de COVID-19.

Del encuentro participaron Andrés Ferrero (DEISA), Rubén Burkett (Sodecar), Andrés Williner (Ilolay), César Forneris (IMAI), Leandro Basso (Basso), Fernando Szwec (Frío Raf), Adolfo Hartmann (Sueño Dorado), Daniel Cornaglia (Engracor), Graciela Acastello (ETMA), Gabriel Rivarossa (Marengo), Ricardo Scalenghe (RG Frenos), Diego Turco (JIT Lubricación), Liliana Chatelet (Papeltécnica), Gabriel Grana (Grana), Ernesto Frautschi (Frautschi), Edmundo López (UNITEC), Mauricio Rizzotto (Poleas RP), Sergio Rodríguez (Frigorífico Unión), Gastón Sara (TRACSA Repuestos), Enrique Muzzio (EJM), Héctor Chiapero (VMG FAR), Juan J. Elz (CIMR), Mauro Soffietti e Iván Acosta (CCIRR)