La CGT definió ayer realizar una marcha el próximo miércoles a Tribunales para exigir a la Justicia que frene el DNU del Presidente Javier Milei y el jueves volverá a reunirse en un Confederal para acordar los alcances del plan de lucha que pondrán en marcha.
En medio de un fuerte malestar en el sindicalismo tras conocer el contenido de reformas laborales del mega decreto que firmó el mandatario, los dirigentes de la central obrera se reunieron por la mañana con legisladores de Unión por la Patria para consensuar el rechazo del bloque al DNU, luego cancelaron un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y por último hicieron una reunión de mesa chica ampliada en la UOCRA, con 51 gremios, que se extendió hasta la noche y en la cual definieron los pasos a seguir.
«El miércoles a las 12 habrá movilización a Tribunales de la calle Lavalle en simultáneo con las presentaciones judiciales y amparos. El jueves, Confederal de CGT en Azopardo para analizar el inicio de un plan de lucha. No está previsto paro por ahora», dijo a NA una fuente gremial que asistió al encuentro en la UOCRA.
«Tenemos que exigir que se retrotraiga el decreto», preciso uno de los secretarios generales de la central, Héctor Daer, antes del encuentro con legisladores, al tiempo que anticipó que acudirán a la Justicia para frenar el DNU.
En la misma línea, afirmó: «Uno nunca imagina es que se pueda trasgredir tan fácilmente valores innatos a nuestra historia. Que se largue un decreto derogando una cantidad de leyes sin necesidad ni urgencia».
«El escenario antirrepublicano, no respeta la libertad de poder. También ataca cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de los argentinos, derechos laborales, sociales y artilugios que general limbos legales que terminan siendo la desprotección», completó el referente de Sanidad.
Entre los puntos salientes de las modificaciones a las normativas vigentes del DNU, resaltan los cambios en la forma de calcular las indemnización por despidos, los períodos de prueba, las «injurias laborales», el teletrabajo y las acciones sindicales.
También el decreto establece que cada afiliado de obra social podrá decidir a que empresa van la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga.
Más temprano, en declaraciones, Daer dijo que el DNU «pretende derogar leyes sin necesidad y sin la urgencia» y consideró que la norma es «ilegal, anticonstitucional, autoritaria, antirrepublicana y antidemocrática» y advirtió que implica «el ajuste más feroz de la historia argentina».
A las 15 se esperaba que una delegación cegestista concurriera a la Casa Rosada para intentar una negociación con Francos pero al final la reunión se canceló.

DIÁLOGO ROTO
Una comitiva de dirigentes de la conducción de la CGT iba a ser recibida en Casa Rosada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, en medio de las duras críticas del sindicalismo contra el DNU firmado por el presidente Javier Milei, pero al final el encuentro fue cancelado.
Una de las presencias confirmadas para la reunión prevista para las 15 era la del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien fue el que pidió la reunión, informaron fuentes sindicales a Noticias Argentinas. Transcurrido ese horario y sin que ningún sindicalista arribara a la sede gubernamental, las mismas fuentes confirmaron que la reunión pautada se había caído, sin dar mayores detalles de los motivos.
Según supo NA, el fuerte enojo de la mayoría de los integrantes de la plana mayor de la central obrera tras conocer las reformas laborales que establece el DNU hizo desistir de concurrir a la reunión con Francos al grupo de dirigentes «dialoguistas» que tenía esa intención.
«El diálogo está roto», fue la postura que prevaleció entre los popes sindicales, luego de que Milei decidiera avanzar en las reformas laborales, que incluyen la reducción de multas en caso de despido, ampliación a 8 meses de los períodos de prueba, y la obligación de prestar al menos la mitad de servicios en el marco de una medida de fuerza en determinadas actividades, entre muchos otros puntos. (NA)

Fuente: LA OPINIÓN