Bajo el título «¿Para estas cosas sí?», el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región dio a conocer un documento crítico en el que manifiesta su malestar por el retraso de la Legislatura en aprobar la adhesión a la Ley de ART que implica un beneficio para las Pymes y por el rápido acuerdo para avanzar en un proyecto de reforma constitucional.

«Resulta sumamente paradójica la dinámica política santafesina: la falta de acuerdos políticos para avanzar en leyes claves para el desarrollo empresarial y la generación de empleo se contrapone contra consensos políticos-partidarios en temas que, si bien son muy importantes, no resultan prioritarios en la coyuntura actual», planteó en tono crítico el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) en un documento difundido ayer por la tarde. La gremial empresaria lamenta que en prácticamente un año el proyecto de adhesión a la ley nacional ART no haya logrado más que media sanción mientras que la iniciativa para declarar la reforma de la Constitución provincial haya cosechado consensos en apenas cuatro días para avanzar en la Cámara de Diputados.
«Es ampliamente conocida la postura empresarial santafesina respecto a la necesidad de que la Legislatura provincial avance de una vez por todas con la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los fundamentos fueron expuestos en múltiples ocasiones ante el gobernador, Miguel Lifschitz, diversos ministros, secretarios y subsecretarios y funcionarios del Poder Judicial, como así también a diputados y senadores, tanto justicialistas como socialistas. No obstante, a más de 2 años de sancionada la ley por el Congreso Nacional, persisten las indefiniciones de parte de la Legislatura santafesina (y todo indica que seguirán hasta el año próximo)», manifiesta el CCIRR en el documento «¿Para estas cosas sí?» en referencia a la reforma de la Carta Magna santafesina.
La entidad que preside Andrés Ferrero destaca que el pedido del sector empresario santafesino por la adhesión a la Ley de ART «se basa en la experiencia de las diferentes jurisdicciones que ya han adherido, como la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Entre Ríos, San Juan, Formosa, Misiones, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Chaco y, Tierra del Fuego». En este sentido, los beneficios de esta adhesión residen en una baja en los costos operativos por la reducción en las alícuotas que cobran las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
Cabe recordar que la Unión Industrial de Santa Fe le puso números al perjuicio que sufren las empresas de la Provincia por el desgano de Diputados -la adhesión fue aprobada en el Senado en julio pasado- en avanzar con la sanción: $ 300 millones mensuales. Es decir, una empresa santafesina tiene mayores costos a la hora de contratar una ART que una cordobesa, una entrerriana o una bonaerense por citar ejemplos de provincias cercanas y fuertes, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.
Y en tiempos de crisis económica, cada peso cuenta incluso para mantener las fuentes de trabajo. La adhesión a la Ley de ART impacta en una caída significativa de la litigiosidad laboral, al menos esa es la experiencia en las provincias donde rige la norma. En este marco, Santa Fe lidera el ránking de juicios ingresados en el ámbito de la justicia laboral.
Pero no es la única factura que la gremial empresaria rafaelina le pasa a la clase política santafesina. «Desde inicios de este año nos encontramos solicitando que se prorrogue la estabilidad fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios. La decisión del Ejecutivo provincial de postergar la presentación de los proyectos de ley de Presupuesto 2020 y de ley Tributaria anual y el proceso de transición política que atraviesa nuestra provincia generan mayores preocupaciones sobre este tema», advierte en el documento.
En este sentido, alerta que «si no se logran acuerdos básicos sobre la cuestión, el sector comercial y de servicios sufrirá un nuevo incremento de la presión fiscal, que ya se encuentra en niveles históricos (las pymes que hoy tributan 2,76%, 3,3% o 3,6% pasarían a pagar una alícuota sobre los ingresos brutos del 4,5% a partir del 1ero de enero de 2020)». «Esta situación impactará fuertemente por el efecto cascada de este impuesto, en la pérdida del poder adquisitivo en el ciudadano común y por ende el agravamiento de la difícil situación económica que atraviesa el sector comercial y el empleo», remarca la entidad.
En su tramo de mayor aspereza hacia la Legislatura, el CCIRR se lamenta porque «nos encontramos ante el fracaso absoluto de la política santafesina, en temas que entendemos claves para el desarrollo empresarial y la generación de empleo».
Por otra lago, subraya, «como resultado de la dinámica de la política santafesina, esta semana nos encontramos ante un acuerdo para sancionar una ley que la necesidad de avanzar con la reforma de la Constitución provincial: Parecería ser que la promoción de este tema, en el marco de la coyuntura económica y política (transición provincial y elecciones nacionales), es inoportuna, muy difícil de comprender y totalmente ajena a las necesidades de sostener el empleo y los mínimos niveles de producción actuales».
Finalmente, el CCIRR deja en evidencia las paradojas de los políticos santafesinos al sostener que «los que históricamente empujaron la necesidad de la reforma en los últimos doce años súbitamente ya no la consideran tan importante; y a la vez los que más hicieron para trabarla en el mismo período, ahora estiman que está todo dado para que se vote la convocatoria a una elección de constituyentes a más tardar en noviembre». Es decir, revela un «cambio de roles» que difícilmente se pueda explicar con cierta coherencia.
Por último, manifiesta que «a quienes nos preocupa el desarrollo integral de nuestras comunidades, el agregado de valor y la generación de empleo formal y de calidad, nos resulta sumamente difícil entender este tipo de situaciones en las que sólo se mezclan intereses políticos e internas partidarias».

INSEGURIDAD, LA
AGENDA PENDIENTE
Por otra parte, la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR renovó sus críticas ante la inseguridad que afecta Rafaela y en particular al sector comercial. «A raíz de los diversos hechos de inseguridad que se vienen sucediendo en nuestra ciudad, nos encontramos ante la necesidad de ratificar lo que venimos exponiendo hace ya muchos años: resulta impostergable promover la interacción de todos los niveles del Estado (local, provincial y nacional) y sus diferentes fuerzas de seguridad, así como también de los distintos poderes para encontrar soluciones a esta problemática», consignó la Comisión.
Tal como lo planteó en otras oportunidades, la entidad afirmó que es necesario «un abordaje integral (que incluya el aspecto social) y en la puesta en marcha de un plan estratégico de seguridad, que alcance a la región, clave para la utilización eficiente de los recursos ya existentes».
«Anhelamos que la alineación partidaria que existirá entre el gobierno municipal y provincial a partir del próximo año, garantice un diálogo intergubernamental más fluido, sincero y operativo», concluyó.

Fuente: La Opinion