Una política energética eficiente y a largo plazo es una deuda compartida entre el kircherismo y el macrismo.

Especialistas advirtieron que el país no ha logrado tener, hasta el momento, una política energética «eficiente, competitiva e integral» con mirada de largo plazo: esa ha sido la gran deuda de los tres gobiernos del kirchnerismo y de la administración de Mauricio Macri.
«El problema en nuestro país es que, durante décadas, los distintos gobiernos de turno no han diagramado una política energética que cuente con ciertos pilares básicos, lo cual ha devenido en decisiones carentes de una mirada prospectiva del sector y más vinculadas a la reacción frente a los acontecimientos que se iban presentando, que a acciones planificadas», aseguró Natalia Ceppi, investigadora del Conicet y docente en la Universidad Nacional de Rosario.
A su criterio, esta situación «no es menor, porque se ‘desvaloriza’ al sector en términos estratégicos, sobre todo en un país como el nuestro, que su matriz energética se encuentra fuertemente concentrada en energías no renovables -54% gas natural y 31% petróleo- las cuales están sujetas a una disponibilidad acotada».
En declaraciones a la agencia NA, Ceppi comentó que los inicios de las respectivas gestiones del FPV como de Cambiemos estuvieron signados por el ascenso del tema energético como una problemática de impacto en la agenda doméstica y en la de política exterior.
«Para estas administraciones, en términos discursivos, ese ascenso fue principalmente promovido por los errores del pasado (la conocida herencia ); un recuerdo de políticas de corte neoliberal que llevó al desprendimiento por parte del Estado de sus compañías emblemas –YPF y Gas del Estado- dejando en el mercado el qué, el cómo y el para qué de la política energética nacional», enfatizó.
Ante esto, tanto para el FPV como para Cambiemos, «fue la urgencia en el área y sus correspondientes aristas socio- económicas y políticas, la encargada de reposicionar en términos de prioridad una temática que hasta los primeros años del presente siglo no despertaba grandes preocupaciones, más allá de los círculos especializados», expresó Ceppi.
En ese sentido, dijo que «la dificultad para abastecer con producción propia los distintos sectores del mercado interno, las importaciones de gas natural, GNL y otros energéticos –y su incidencia negativa en la balanza comercial-; la declinación de reservas, salvo una leve mejoría a raíz de la explotación no convencional –durante Cambiemos- y las escasas medidas para impulsar los energéticos renovables dentro de la matriz energética, han sido, entre otros, indicadores que se encuentran transversalmente a lo largo del período».
Para la investigadora, otra cuestión que estuvo presente entre 2003 y 2018 radicó en la falta de una reforma integral de la normativa que regula el sector hidrocarburífero, teniendo en cuenta que su ley es de la década del ‘60.
«Una normativa acorde a los tiempos que corren (en especial, en lo que respecta al uso de la tecnología) y que incorpore las características centrales del escenario energético argentino sería una buena brújula para comenzar a tomar decisiones más eficientes», subrayó.
Ceppi resaltó que la creación de ENARSA (ahora Ieasa) y la expropiación del 51% del paquete accionario del Grupo Repsol YPF «fueron medidas entendidas como rupturistas en su momento, orientadas a darle al Estado una mayor presencia», pero aclaró: «el devenir de los acontecimientos demostró que la retórica superó a los hechos».
La investigadora también hizo referencia al autoabastecimiento energético, algo que por ahora parece lejano para la Argentina.
«El país tuvo autoabastecimiento y lo perdió. Es imperioso que los gobiernos de turno comprendan que una política energética eficiente, competitiva e integral no se construye con acciones cortoplacistas y coyunturales, acciones que han estado presentes– con susrasgos propios- desde 2003 a la actualidad», consideró.
De 2003 a 2015 se produjo una declinación tanto en las reservas como en la producción de petróleo crudo y gas. «Pasamos de energía barata, abundante y exportable a importarla», comentó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren al inicio de la gestión de Cambiemos.
En aquel momento, el ex funcionario dijo que el kirchnerismo benefició a los usuarios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, ya que las tarifas eléctricas estaban entre ocho y 10 veces más baratas que en el resto del país».
Entre esos años también, la Argentina gastó casi 150 mil millones de dólares en subsidios a la energí­a y combustibles, pero quienes recibieron la mayor parte de esos beneficios fueron los sectores de la población con más ingresos, según un trabajo elaborado por el Instituto Argentino de Energí­a «General Mosconi» (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Producir un megawatt por hora en 2003 costaba unos 10 dólares, pero en 2015 costaba siete veces más; para subsidiar a los hogares, el Estado destinada unos 120 dólares en 2011, pero los usuarios pagaban apenas 10 dólares del valor real de producción en 2015, de acuerdo con el informe.
«Los subsidios económicos pasaron de representar el 0,4% del PBI en 2005 al 4,1% del PBI en 2015. Dentro de ese total la mayor parte de los mismos corresponde a Energí­a (de 0,2% del PBI en 2005 pasa a 2,9% del PBI en 2014)», señalaron IAE y ASAP.
Según datos del IAE, los subsidios acumulados a agosto de 2018 alcanzaron los 91.862 millones de pesos, creciendo 20.857 millones respecto al mismo período de 2017.

Fuente: La Opinion