En virtud de la media sanción que obtuvo el «Consenso Fiscal 2020» en la Cámara de Senadores de la Nación, desde el CCIRR se plantea la necesidad de que los gobiernos provinciales se abstengan de aprobar medidas que aumenten la presión tributaria sobre la actividad económica, afectando la inversión, la producción y el empleo.

En el marco de su encuentro mensual, realizado el pasado lunes, la Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región manifestó sus serias preocupaciones por el apoyo de la cámara alta al proyecto para dar media sanción al «Consenso Fiscal 2020», que celebraron en diciembre del año pasado el Poder Ejecutivo Nacional y las administraciones provinciales, ya que se habilita a las provincias para que aumenten los impuestos.
Las críticas al pacto se encuentran en línea con lo expresado por la Federación de Cámaras Empresariales del Comercio y otras Actividades de la provincia de Santa Fe (FECECO) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las mencionadas entidades rechazaron en duros términos lo votado por los senadores nacionales, indicando que el afán recaudatorio de las provincias produce el efecto contrario deseado por todos: mayor desocupación, mayor inflación, mayor informalidad y menor actividad de la economía regional.
Entre otros ítems, el proyecto habilita a las provincias a gravar, de nuevo, con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, así como también, da vía libre a la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año, con lo que muchas podrán ser elevadas al nivel que tenían previamente. También se eliminan topes al impuesto inmobiliario y se permite aumentar las alícuotas del impuesto a los Sellos, mientras que las provincias quedarán posibilitadas para restablecer los impuestos que, en ciertos casos, aplicaban sobre el salario de los trabajadores.
La inquietud del sector empresarial se da en un marco desfavorable para el normal desempeño de cualquier actividad: se extendió la prohibición de despidos y suspensiones y el régimen de doble indemnización, se suspendió la baja del impuesto a las ganancias para empresas, las restricciones cambiarias afectan el flujo de importaciones, se sostiene los costos extras para suplantar al personal de licencia por ser mayor a 60 años, pertenecer a un grupo de riesgo o estar a cargo de niños y adolescentes sin actividad escolar presencial, etc.

TARIFAZO ENERGÉTICO
También genera preocupación y alarma la Resolución 131/2021, de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la cual se elimina un subsidio a los grandes usuarios que consumen más de 300 kilovatios (kW) de potencia y la pagan a la distribuidora (denominados GUDIs). La medida implica un incremento excesivo e intempestivo del costo de la energía en un momento complejo de la economía.
En términos generales, si bien existe un acuerdo respecto a la necesidad de tender a un sistema equitativo y que las tarifas deben reflejar el costo real del servicio, se indicó que dicha normalización debería ser escalonada y progresiva en el marco de una política energética de mediano y largo plazo que brinde previsibilidad a todos los actores del sistema.

Fuente: La Opinion