Sin acuerdo, el Gobierno de Santa Fe da por cerrada la negociación con Vicentin y espera una definición judicial en la que el juez Lorenzini resuelva el planteo de intervención.

El Gobierno de Santa Fe dio ayer por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que busca darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini.
Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesinas dieron por “cerrado el capítulo” y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia. “Si bien la reunión fue cordial desde lo institucional, no nos pusimos de acuerdo porque para instrumentar el fideicomiso es condición para el Estado que se den dos situaciones”, expresó el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia. “La primera es que se aparten los directivos actuales de la conducción de la empresa y la segunda que las acciones sean resguardadas por el encargado de llevar el fideicomiso en carácter de administrador”, precisó.
Para el funcionario, “si esas dos condiciones no se dan porque los directivos no están de acuerdo en ceder posiciones, no hay motivo para continuar el diálogo ante el juez”. De ese modo, el Gobierno santafesino dio por finalizada la etapa de negociación con Vicentin en procura de conformar un fideicomiso para administrar la empresa durante el concurso de acreedores.
El objetivo del Gobierno provincial consiste en convencer a algunos de los acreedores de que capitalicen en forma de acciones sus créditos y buscar financiamiento local o internacional –tanto de actores del negocio como de entidades financieras- para que la cerealera retome su actividad y genere los recursos para cancelar el pasivo.
Hasta el momento se presentaron acreedores que pidieron verificar en el concurso créditos por casi 100 mil millones de pesos, según consta en el expediente. “Lo único que queda por delante es que se terminen de tramitar las pruebas del incidente que promovió la provincia para remover a los directores”, afirmó Somaglia tras la reunión en el juzgado.

Por su parte, al salir de los tribunales de Reconquista, el director de Vicentin, Alberto Macua, dijo a la prensa que la continuidad del diálogo “depende de la voluntad» de las partes. Fuentes de la empresa confirmaron la falta de avance en las conversaciones y aseguraron que la iniciativa que impulsa el Gobierno santafesino «esta casi cerca de ser una expropiación».
«El Directorio de Vicentin ofreció entregar acciones en garantía hasta que se forme el fideicomiso y haya un plan de acción», señalaron. A lo que agregaron que la propuesta del Gobierno santafesino es que «se entreguen las acciones y que la administración de la empresa esté a cargo de alguien designado por ellos», según publicó Télam.
Para el Gobierno santafesino, si el administrador del fideicomiso mixto que buscaba conformar no posee el derecho sobre las acciones es imposible negociar con los acreedores una capitalización y salir a buscar financiamiento para la continuidad de la empresa. “Si el administrador no tiene la conducción, los acreedores no tienen por qué confiar”, explicó Somaglia.
Además del Estado, la posición de reemplazar a los actuales directivos de Vicentin en la administración de la empresa esa compartida tanto por el comité de bancos extranjeros conformado en el concurso como por la mayoría de los acreedores comerciales que expresaron su desconfianza en los actuales gerenciadores.

OPERATIVO JUDICIAL EN  CAUSA POR ESTAFA
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer un operativo judicial en la cerealera Vicentin en Rosario, tras una solicitud del fiscal federal Gerardo Pollicita. Es en el marco de la causa por la cual se investiga al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, así como a otros ex funcionarios macristas, junto a los empresarios de la cerealera, a raíz de una presunta defraudación al Estado.
Se trata de la búsqueda de libros contables de la empresa de años atrás, por la cual una comisión policial por orden del juez busca digitalizarlo o copiarlos, tras un pedido del fiscal.
Pollicita pidió la medida de prueba tras lo cual el juez lo ordenó vía exhorto con la Justicia federal de Rosario, que tiene competencia territorial por el lugar donde está la empresa. La investigación que llevan adelante Ercolini y Pollicita es por la maniobra que posibilitó que la empresa haya acumulado una deuda de 18.500 millones de pesos.